III Simposio Marítimo Portuario puso en evidencia situación limonense

 

 

Vicerrectoría de Investigación de la UNED lidera proyecto mediante el PROCIP

 

 

 

Modernización portuaria costará $1000 millones.

 

La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) llevó a cabo el III Simposio Marítimo Portuario, con el fin de informar a la comunidad nacional acerca del desarrollo y acciones que se llevan a cabo en Limón. La actividad fue organizada por el Programa Integral de Investigación para el Desarrollo de Ciudades Portuarias (PROCIP), dependencia que tiene un compromiso institucional con el desarrollo del sector portuario.

    

Para ello, se desarrollaron dos temáticas: “Buenas prácticas en la relación ciudad-puerto: consideraciones importantes para el caso de Limón” y “La nueva terminal de contenedores de Moín: perspectivas para Limón y Costa Rica”. Los expositores fueron Roger Ríos, coordinador del PROCIP y Rogelio Douglas, gerente general de APM Terminals de Moín S.A.

  

Para Roger Ríos, el avance y desarrollo de ciudad-puerto, y la modernización portuaria son fundamentales para el crecimiento local y nacional, el cual se ve afectado en este momento por la falta de ratificación de convenios internacionales. “Somos uno de los países que más urgen de estas ratificaciones, es por eso, que tenemos que seguir instando a las autoridades del Gobierno a que le presten atención a este tema. Como UNED tenemos el compromiso de ofrecerle a sectores importantes que dinamizan la economía del país una serie de herramientas para que faciliten su gestiones en procura de continuar con el progreso nacional”.

  

Recomendaciones de Buenas Prácticas en la relación Ciudad-Puerto

 

Integración de espacios

 

Integración de la dimensión urbana

 

Integración de funciones

 

Integración del entorno

 

Integración de la sociedad

  

Cabe mencionar que el PROCIP tiene tres ejes principales de trabajo, entre ellas investigación, formación y capacitación, y divulgación. En el área de investigación se destacan cuatro líneas: ciudades portuarias, legislación marítima, logística portuaria y comercio internacional. En cuanto a los ejes de formación y capacitación, y divulgación, el programa realiza diversas actividades para promover dichos espacios.

  

Por su parte, Rogelio Douglas, manifestó que APM Terminals de Moín S.A. (concesionaria de la modernización portuaria) observó que Costa Rica no es competitiva en materia portuaria y que sus puertos están rezagados. Asimismo, dijo que en los 33 años de operaciones y mantenimiento que llevarán a cabo en el país, les brindarán muchos beneficios a los habitantes limonenses en materia económica.

  

“Quiero aclarar que una concesión es solo un alquiler y en ese sentido aclarar que no nos estamos apropiando del puerto. Es más, cuando terminemos las operaciones, le dejaremos a Limón y a Costa Rica un puerto moderno y eficiente. Tenemos claro que la inversión que vamos a hacer de $1000 millones es vital para poner en marcha la nueva terminal, la cual generará grandes beneficios como la competitividad en el comercio exterior, la atracción de nuevas inversiones, la generación de empleo, desarrollo económico y social”.

  

“APM Terminals administra una red global integrada por 60 puertos y 130 terminales terrestres, con más de 22 000 colaboradores en 62 países. Algunos de los planes que tenemos son: la construcción de un rompeolas de 2.2 km que contrarrestará las condiciones climáticas que impiden el funcionamiento normal del puerto. Igualmente, se pasará de tener una canal de acceso de 10.5 m a uno de 18 m de profundidad, esto permitirá atender buques de mayor tamaño, con capacidad de hasta 8500 contenedores”, agregó Douglas.

  

Hay quienes se oponen a la iniciativa y dicen que la información luego se tergiversó pues en principio el plan surgió como un proyecto únicamente de carga y transbordo. Tal es el caso de Ronaldo Blear, secretario general del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), quien en declaraciones a medios de comunicación indicó que fue APM Terminals fue la que exigió al Gobierno la exclusividad del manejo de los contenedores, el cual equivale al 60% de los ingresos de la institución.

  

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