Ciclo de mesas redondas inició con debate entre Fabián Volio y Alfredo Chirino

Mesa redonda inició con el tema de seguridad ciudadanaCon la intención de abrir espacios de diálogo en materia de derecho penal, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) inició con el ciclo de mesas redondas que se realizarán los terceros lunes de cada mes. En esta ocasión se abordó el tema “El derecho penal en la seguridad ciudadana: prevención o represión”.

   

 


La actividad fue organizada por la Cátedra de Derecho Penal de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH). Para ello, la Cátedra contactó a Fabián Volio, magistrado suplente de la Sala Constitucional, consultor internacional y profesor universitario, y a Alfredo Chirino, doctor en derecho penal y asesor de diferentes comisiones legislativas de reforma de los códigos penales en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, para que sean los encargados de iniciar con este ciclo de mesas redondas.

 

Según Sandra Madriz, encargada de dicha cátedra, el derecho penal toca muchas áreas de la vida cotidiana y esto puede afectar de manera positiva o negativa a las personas, por eso asegura que hay muchos problemas sociales que necesitan aclarase y es lo que la Cátedra y la Escuela buscan con este tipo de actividades.

Ambos expositores coincidieron que el tema de la seguridad ciudadana es de vital  importancia en los tiempos actuales que vive la sociedad costarricense y que se deben realizar acciones que mejoren esos aspectos; sin embrago, cada quien dio un concepto diferente de lo que representa hoy el Código Procesal Penal.

Para Fabián Volio, esta Ley se puede considerar como un fracaso por algunos puntos explícitos que señalan algunos de sus artículos, que según el especialista entorpece la Ley y hace impune algunos de los actos delictivos.

En tanto, Alfredo Chirino manifestó que la solución no es actuar de forma represiva aumentando las penas, sino que se debe de aplicar la Ley ya establecida con una debida revisión del Código Procesal Penal, pues asegura que esta norma tiene una función de fusión integradora de la sociedad costarricense.

 


“Me quiero referir específicamente al artículo 22 del Código Procesal Penal, ahí dice: los principios de legalidad y oportunidad: El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. No obstante, previa autorización del superior jerárquico, el representante del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho, cuando: a) Se trate de un hecho insignificante, de mínima culpabilidad del autor o del partícipe o exigua contribución de este, salvo que afecte el interés público o lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o con ocasión de él”, dijo Volio.

 


“Esto quiere decir que un fiscal o el jefe del Ministerio Público es quien califica si el hecho es insignificante o no, y si lo es; entonces el acto delictivo se vuelve impune. A  eso me refería en la conferencia, a que esos actos deben ser considerados delictivos y no queden impunes ante la Ley. Por ejemplo: un caso es el robo de cable telefónico y eléctrico, pero pregunto, ¿qué hacen muchas veces los fiscales? calculan lo que vale en la ferretería un metro de cable telefónico y eso lo multiplican y si el monto es pequeño dicen que es un hecho insignificante y sin embargo ya dejó a toda una población sin electricidad y sin teléfono y lo mismo ocurre si a una señora le roban una cadena que no tiene mucho valor”, agregó.

Volio concluyó que si las penas fueran más fuertes, se crearía un efecto de disuasión que cambiaría la conducta de las personas, para ello tendrían que realizarse reformas que eliminen los portillos que tiene el Código Procesal Penal, pues de esta manera se  tendría una buena herramienta para no dejar impune a los delincuentes reincidentes que en su mayoría son delincuentes habituales.

Por su parte, Alfredo Chirino, expresó “Estoy en desacuerdo con lo que dijo el señor Volio, pues es muy bonito hablar de impunidad y no decir que es. Impunidad en términos generales es no castigar un delito cometido en el cual hay prueba y en eso creo que se equivoca. Si la pena es de aislamiento y disuasión, básicamente sería reconocer lo que no se ha querido reconocer en ningún momento, y es que la pena tiene que tener una misión de integración que es la que he querido explicar en esta actividad, con una función hacia la comunidad y hacia el sujeto, y en ese sentido también de la reparación del daño ocasionado por los delito”.

“Yo creo que el aumento de la pena para provocar un efecto disuasivo como dice don Fabián, no causará ningún cambio, es cierto que en el debate político existen fantasmas, uno es el fantasma de la emergencia, el que plantea que estamos viviendo una emergencia de delito y que por ende requerimos las herramientas más poderosas de las manos del estado para reprimir a los delincuentes y al delito, con eso quiero decir que el tema de inseguridad ciudadana está presente y que ha aumentado en el país pero que probablemente la solución más inmediata a esos problemas no necesariamente requiere de represión penal sino de otras políticas de gobierno,  sobre todo en el campo social que ha estado en reacomodo político muy distante de las soluciones que requiere el fenómeno del delito”, añadió.

Chirino finalizó que con la reducción de derechos y garantías constitucionales para alcanzar seguridad, probablemente no garantizarán la seguridad ni van a crear mejores espacios de libertad a los ciudadanos que si creen en el Estado y en las instituciones que se supone están encaminadas a proveer la paz y la seguridad comunes.

Según el experto, a la conclusión que llegó es que las soluciones para el problema del delito no necesariamente dependen de decisiones de legisladores en materia penal, pero que sí todavía existe un espacio para el debate generado por la pasada campaña electoral, deberían ser las siguientes: primero, realizar una revisión a la Legislación que es algo que ya prometió hacer el futuro Ministro de Seguridad, José María Tijerino, en segundo lugar, definir cuáles podrían ser los contenidos de la Reforma del Código Penal, el cual cree que es un buen documento sobre el cual discutir y una tercera instancia sería plantear como país el problema de la selectividad del sistema penal, que tiene que ver con la desigualdad en la reacción penal.

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