Cumplimiento de obligaciones alimentarias se discutió entre países latinoamericanos

Mediante videoconferencia, Instituto de Estudios de Género de la UNED llevó a cabo el debate

 

Sandra Madríz Muñoz y Eva Camacho Vargas (de izquierda a derecha).Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y Ecuador, con el objetivo de intercambiar experiencia en materia judicial y de la aplicación judicial del Derecho Internacional Privado de Familia, llevaron a cabo la videoconferencia "Eficacia en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias".

 

Dicha actividad se realizó gracias a la plataforma tecnológica del Programa de Videoconferencias y Audiografía de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la cual enlazó no solo a los países antes mencionados, sino que conecto a otras salas latinoamericanas que fungieron como oyentes; entre ellas: Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, México y Paraguay, entre otras.

 

Antes de iniciar, Sandra Madríz Muñoz, encargada de la cátedra de Ciencias Penales de la UNED, dio la bienvenida a los panelistas y a manera introductoria manifestó: "para nadie es un secreto que nuestra sociedad actual se ha venido reconstruyendo, en donde el índice de divorcios, madres jefas de familia, y niños y niñas sin padre conocido aumenta día con día. La realidad nos enfrenta con condiciones de sobrevivencia cada día más complejas, menos solidarias y prácticamente irresponsables; en ese sentido, la obligación alimentaria tiene una participación directa en el desarrollo saludable de toda nuestra sociedad".

 

"La obligación alimentaria a cargo de los cónyuges o familiares, nace como resultado de una convivencia mutua producto del esfuerzo continuo. La obligación alimentaria a cargo de los progenitores, tiene su fundamento en los deberes y derechos derivados de la patria potestad. De allí, la importancia de contar con procesos alimentarios breves y eficaces, pues la voluntad no siempre está presente y se debe acudir al aparto judicial para hacer valer esos derechos", acotó Madríz Muñoz.

 

Quienes expusieron acerca del tema fueron: Eva Camacho Vargas, magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Belda Cárcamo, jueza del Segundo Distrito Familia, del Tribunal de Familia de Nicaragua, quien también fungió como moderadora, Martha Olga García, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana y Rocío Salgado Carpio, de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador.

 

Camacho Vargas, se refirió al Derecho Internacional Privado de Familia, entre varios temas ella habló acerca del posmodernismo, en el que indicó que: es esencial que la familia se mire desde la perspectiva sociológica, y que esta debe adecuarse al escenario actual, a fin de pensar con sentido inclusivo, y que ya no se continúe hablando de la familia, sino de las familias.

 

"En cuanto a los Derechos Humanos y sus directrices relacionadas con los alimentos, estas citan expresamente que: toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación. En ese aspecto, existen derechos aplicables para velar por ello, y es que, las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al interés del acreedor", agregó la jueza.

 

Para la magistrada de República Dominicana, Martha Olga García, "en ese país se dieron algunos hitos importantes, como fueron la Ley 985, en 1945 y que posteriormente fue retomada en 1978, con la Ley 865, el cual modificó su contenido, emulando el Código francés en lo relativo a la determinación con la paternidad compartida. Pero con la Ley 1494, es cuando realmente el Derecho de Familia sufre un gran cambio para la República Dominicana, ampliándose los derechos con la adopción de la doctrina de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y familiares, dando respuesta justamente al concepto que se tenía acerca de este país, que carecía de verdaderos planteamientos en el Derecho de Familia".

 

"En el 2010 consagramos los derechos de las familias, desde entonces en la República Dominicana se aboca a una relación jurídica y diferente en materia de familia. En cuanto a la eficacia y la eficiencia del ejercicio de Derecho de Familia, nosotros hemos implementado la Ley 1494, que a diferencia de la Ley 2402, impuesta por el dictador Trujillo, que solo se refería a la parte alimentaria y establecía que el alimento era solo la comida, pero en este momento con la Convención de la Protección Integral se expande el principio y se pasa a elementos de tipo social, donde los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos tanto en sus necesidades biológicas, necesidades de alimento, así como sus necesidades psicológicas, educación vivienda, etc. En ese sentido, la Ley va mucho más lejos", concluyó García.

 

Por su parte, Rocío Salgado Carpio, dijo que todo el ordenamiento jurídico está subordinado al principio de supremacía constitucional y se supone que tal ordenamiento jurídico ha sido impregnado por la norma constitucional. Sin embargo, en el caso particular del Ecuador, este tiene nuevas propuestas que han venido desarrollando en función de ese ordenamiento jurídico, pero dejando de lado el tradicional.

 

"El Ecuador es un Estado de derechos y la cual está proponiendo una nueva forma de clasificación de los derechos, alejándose de la tradicional forma de generación de los derechos; entonces el Ecuador propone da cuenta de una nueva clasificación como son el Derecho del Buen Vivir, Derecho de las Comunidades Pueblos y Nacionalidades, Derechos la Naturaleza, Derechos de Libertad, Derechos de Protección, Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, en el cual se ubican niños, niñas y adolescentes; concretamente el artículo 44 hace referencia a que el Estado la sociedad y la Familia proveerán de manera prioritaria la atención integral de niños, niñas y adolescentes, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos, atendiendo al principio de interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas", finalizó Salgado Carpio.

 

La próxima videoconferencia que realizará el Instituto de Estudios de Género de la UNED se llevará a cabo el 11 de junio a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la sede central de la universidad. El tema que se abordará es "Violencia contra la mujer en el ámbito laboral", para más información comunicarse al teléfono 2527-2648.

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

{jcomments on}